Sentencia A. 2024/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2024/24

 

REPARTO DE ACCIONES DE TUTELA MASIVAS-Las tutelas que presenten unidad de objeto, causa y parte pasiva serán repartidas al mismo despacho judicial

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 2024 DE 2024

 

Referencia: Expediente ICC-4842

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 007 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín y el Juzgado 003 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Santiago de Cali

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, dicta el siguiente

                                                                                 

AUTO

 

I.             ANTECEDENTES

 

1.                 Solicitud de tutela. Nixon Geovanny Lizcano Santana presentó una acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a cargos públicos. Afirmó que participó en el proceso de selección «Concurso DIAN 2022»[1], para ser parte de dicha entidad como «uno de los profesionales a proveer una de las setenta y ocho (78) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado GESTOR I, Código 301, Grado 1, identificado con el Código OPEC núm. 198248»[2]. Indicó que ocupó la plaza 76 por lo que tenía derecho a ser nombrado en período de prueba el 22 de octubre de 2024, de acuerdo con la Resolución 13098, del 17 de junio de 2024, emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil. No obstante, a la fecha de la presentación de la tutela, no había llevado a cabo su nombramiento. En estos términos, solicitó el amparo de su derecho al debido proceso y que se le ordene a la DIAN realizar su nombramiento en período de prueba tanto a él como «a todos y cada uno de los demás elegibles en posición meritoria de la Resolución [n.°] 13098 de 17 de junio de 2024»[3].

 

2.                 Admisión de la tutela y declaratoria de falta de competencia. La acción de tutela fue asignada por reparto al Juzgado 007 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín. El 23 de octubre de 2024, tal autoridad admitió la tutela y vinculó a la Comisión Nacional del Servicio Civil[4]. Luego, el 26 de septiembre de 2024, el juzgado resolvió remitir el expediente al Juzgado 003 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Santiago de Cali. Argumentó que esta última autoridad, el 15 de septiembre del año en curso, había admitido una acción de tutela (tutela núm. 2024–00096) que también (i) había sido presentada por una persona que ocupaba la lista de elegibles de la OPEC 198248, que se adoptó mediante la Resolución núm. 13098 de 17 de junio de 2024, y para el mismo cargo de «Gestor Grado 1»[5] y (ii) solicitaba ordenar a la DIAN que llevaran a cabo los nombramientos en período de prueba de las personas de la lista de elegibles de aquella convocatoria. En consecuencia, consideró que era procedente remitir el expediente a la primera autoridad que conoció la tutela, de conformidad con las reglas de reparto fijadas en el Decreto 1834 de 2015.

 

3.                 Conflicto de competencias. El 25 de octubre de 2024, el Juzgado 003 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Santiago de Cali adoptó las siguientes determinaciones: (i) «no avocar conocimiento del trámite de tutela»[6]; (ii) «suscitar [un] conflicto de competencias entre [ese] despacho y el Juzgado 007 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín»[7] y (iii) remitir el expediente a la Corte Constitucional. Lo anterior, por dos razones. Primero, porque «no es es[a] agencia judicial el primer recinto que hubiere avocado el conocimiento de la causa»[8], pues el Juzgado 002 Penal del Circuito de Armenia fue la primera autoridad en conocer una tutela similar a la sub examine. Por esto, consideró que el Juzgado 007 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín debió «versar en la averiguación del real juzgado de origen para a él remitir el conocimiento de esta acción si consideraba que no tiene competencia para conocerlo y, no como ocurrió, pretender asignar su conocimiento a es[a] judicatura»[9], que tampoco tiene competencia para conocerla.

 

4.                 Segundo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que «no resulta procedente para las autoridades judiciales en función constitucional desprenderse de la competencia para conocer asuntos en materia de afectación a derechos fundamentales, con sustento en pautas de reparto»[10]. Por lo demás, el juzgado transcribió un extracto de los autos 211 y 212 de 2020, citados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, relacionados con la configuración de la triple identidad en los casos de tutela masiva. Sin embargo, no presentó ningún argumento tendiente a demostrar si en este caso se configuraba o no tal circunstancia.

 

5.                 Remisión del expediente a la Corte Constitucional. El 28 de octubre de 2024, el Juzgado 003 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Santiago de Cali remitió el expediente a la Secretaría General de la Corte Constitucional. El 6 de noviembre de 2024, la Sala Plena repartió el expediente ICC–4842 a la magistrada sustanciadora[11]. Luego, el 19 de noviembre de 2024, el accionante presentó un escrito en el que manifestó desistir de la acción de tutela y solicitó la terminación del proceso.

 

II.          CONSIDERACIONES

 

6.                 Competencia residual de la Corte Constitucional para resolver el conflicto. La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996 —Ley Estatutaria de Administración de Justicia— (LEAJ)^[12]. Así mismo, esta Corte ha explicado que su competencia para resolver conflictos de competencia es residual y solo se activa en los siguientes casos: (i) cuando la referida ley no prevé una autoridad encargada de resolverlos^[13], o (ii) cuando, a la luz de los principios de celeridad y eficacia, este tribunal deba pronunciarse para garantizar a los ciudadanos acceso oportuno a la administración de justicia^[14]. En criterio de la Sala, el presente asunto debió ser resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el artículo 18 de la LEAJ[15]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

7.                 Factores de competencia en relación con acciones de tutela. La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8 del título transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de competencia en materia de tutela, a saber:

 

 

8.                 Reglas aplicables a la tutela masiva. El Decreto 1834 de 2015^[19] prevé las reglas de reparto para las acciones de tutela que responden al fenómeno de la tutela masiva. Se trata de aquellas acciones en las que existe uniformidad entre los casos y que son presentadas bien de manera masiva —en un solo momento— o bien con posterioridad a otra solicitud de amparo. La Corte ha reiterado que estas reglas de reparto tienen por finalidad evitar que, frente a casos idénticos, se produzcan efectos o consecuencias diferentes. Así, ante una presentación masiva de acciones de tutela «que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad»^[20], en principio, las oficinas de reparto son las encargadas de realizar la remisión y acumulación de los expedientes a la primera autoridad que avocó conocimiento^[21]. No obstante, el Decreto 1834 de 2015 previó que, en el evento en que las oficinas de apoyo judicial carezcan de información suficiente para el reparto y acumulación correspondiente, «la autoridad pública o el particular» accionado tienen el deber de informar al juez competente la existencia de acciones de tutela que se hubieren interpuesto en su contra por «la misma acción u omisión», y señalar el despacho que avocó conocimiento en primer lugar^[22].

 

9.                 Carga argumentativa. El juez que pretende apartarse del conocimiento de una acción con fundamento en la regla de reparto para la tutela masiva debe demostrar el cumplimiento de los presupuestos indicados para dar aplicación a la regla de reparto en comento. Esto «implica señalar con ‘rigor demostrativo y coherencia’ el cumplimiento de los presupuestos que integran la triple identidad»^[23]. De no contar con los elementos suficientes para cumplir con la carga argumentativa que acredite la existencia de la triple identidad, deberá dar aplicación de la regla de competencia del factor territorial «a prevención» y continuar con el trámite de tutela, dando prevalencia a los principios de celeridad y eficacia que rigen el trámite de tutela. El cumplimiento de esta carga argumentativa es un requisito para que la Corte pueda analizar si se configura el fenómeno de la tutela masiva. En estos términos, la aplicación del Decreto 1834 de 2015, por fuera de los supuestos normativos de identidad, conduciría a la desnaturalización de la regla de competencia a prevención, cuya preservación les compete a todos los jueces de tutela^[24].

 

10.             Triple identidad. La Sala Plena ha precisado que la autoridad judicial que considere aplicable la regla de reparto en cuestión podrá, de manera oficiosa, enviar el expediente al despacho que hubiere conocido por primera vez el mismo asunto siempre que, de manera previa, constate la existencia de identidad de (i) sujeto pasivo, (ii) causa y (iii) objeto, entre el asunto primigenio y el recurso de amparo que llegó a su conocimiento^[25]. La Corte ha desarrollado el contenido de cada uno de estos requisitos, y ha fijado pautas para determinar su existencia. Específicamente, ha señalado lo siguiente respecto de cada requisito:

 

10.1.      Identidad de objeto. La Corte ha señalado que existe identidad de objeto cuando las acciones de tutela que pretenden ser acumuladas «presenten uniformidad en sus pretensiones, entendidas estas últimas, como aquello que se reclama ante el juez para efectos de que cese o se restablezca la presunta vulneración o amenaza de los derechos invocados»[26].

10.2.      Identidad de causa. El requisito exige que las acciones de amparo que pretenden ser acumuladas encuentren fundamento «en los mismos hechos o presupuestos fácticos —entendidos desde una perspectiva amplia—, es decir, las razones que se invocan para sustentar la solicitud de protección»[27]. Adicionalmente, la Corte ha indicado que «la causa en materia de acción de tutela se vincula con las actuaciones o circunstancias que motivan o impulsan su presentación y cuya ocurrencia debe estar comprendida por el supuesto de hecho —en sentido amplio— de una norma de derecho fundamental»[28].

10.3.      Identidad de sujetos pasivos. Finalmente, la confluencia del sujeto pasivo se presenta cuando «el escrito de tutela se dirija a controvertir la actuación del mismo accionado o demandado»^[29].

 

11.             Por lo anterior, si se constata la existencia de identidad de sujeto pasivo, causa y objeto entre el asunto primigenio y la reciente solicitud amparo en los anteriores términos, lo que procede es remitir el expediente al despacho que hubiere conocido por primera vez el mismo asunto.

 

III.      CASO CONCRETO

 

12.             El Juzgado 007 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín cumplió con la carga argumentativa. La Sala Plena considera que el Juzgado 007 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín cumplió con la carga argumentativa necesaria para plantear un conflicto de competencia con fundamento en las reglas que rigen el fenómeno de la tutela masiva. Dicha autoridad expuso con el suficiente rigor demostrativo las razones por las cuales en el caso sub examine se presentaría —en su criterio— la triple identidad exigida por la jurisprudencia constitucional para la configuración del fenómeno de la tutela masiva (pár. 2 supra). En consecuencia, la Sala analizará si, efectivamente, en este caso se configuró tal fenómeno.

 

13.             En el caso «sub examine» se configuró el fenómeno de la tutela masiva. La Sala Plena advierte que en el caso bajo estudio se configuró el fenómeno de la tutela masiva. Esto, porque ambas tutelas comparten identidad de sujeto pasivo, objeto y causa, tal y como se expone a continuación:

 

 

14.             Por lo anterior, la Sala constata que ambas tutelas presentan la triple identidad exigida por la jurisprudencia para la configuración del fenómeno de la tutela masiva. Esto, porque ambas tutelas van dirigidas al mismo sujeto pasivo (DIAN), tienen pretensiones sustancialmente idénticas y se fundamentan en la misma causa.

 

15.             Cuestión final. Ahora bien, la Sala Plena advierte que el Juzgado 003 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Santiago de Cali argumentó que la acumulación de las tutelas no era procedente por cuanto el Juzgado 002 Penal del Circuito de Armenia fue la primera autoridad en conocer una tutela similar a las que estudia la Corte en esta providencia. En criterio de la Sala, esto no impide remitir el expediente ICC–4842 al Juzgado 003 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Santiago de Cali. Lo anterior, por las tres siguientes razones. Primero, en sede de conflicto de competencia, la Corte solo puede pronunciarse sobre las autoridades que promovieron el conflicto, tal y como lo señaló la Sala Plena en el Auto 1566 de 2024[30]. Por esto, la Sala no puede analizar la competencia del Juzgado 002 Penal del Circuito de Armenia, habida cuenta de que no forma parte del conflicto de competencias sub examine. Segundo, en el expediente no obra ninguna pieza procesal que permita a la Sala constatar si respecto de dicha autoridad se presentó también el fenómeno de la tutela masiva, como tampoco obra ningún pronunciamiento sobre su competencia. Tercero, de cualquier manera, en caso de que el Juzgado 003 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Santiago de Cali considere que el Juzgado 002 Penal del Circuito de Armenia es la autoridad llamada a resolver la tutela, puede remitirle el expediente para que se pronuncie sobre su competencia. Esto, siempre y cuando cumpla con la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia para apartarse del conocimiento de la tutela con fundamento en las reglas de la tutela masiva (pár. 9 supra)

 

16.             Conclusión. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dejará sin efectos el auto dictado el 25 de octubre de 2024 por el Juzgado 003 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Santiago de Cali y ordenará que se remita el expediente a dicha autoridad judicial para que, de forma inmediata, inicie el trámite y dicte la decisión a que haya lugar respecto del amparo solicitado, conforme al artículo 86 de la Constitución y al Decreto 2591 de 1991. Asimismo, le advertirá a esta autoridad que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y tenga en cuenta las reglas fijadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en el presente auto y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

IV.       DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. - DEJAR SIN EFECTOS el auto dictado el 25 de octubre de 2024 por el Juzgado 003 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Santiago de Cali, en el marco de la acción de tutela promovida por Nixon Geovanny Lizcano Santana contra el Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

 

Segundo.  REMITIR el expediente ICC–4842 al Juzgado 003 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Santiago de Cali para que, de forma inmediata, inicie el trámite de amparo y dicte la decisión a que haya lugar dentro de la acción de tutela presentada por el accionante.

 

Tercero. ADVERTIR al Juzgado 003 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Santiago de Cali que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

Cuarto. Por Secretaría General, COMUNICAR a la parte actora y al Juzgado 007 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín la decisión adoptada mediante esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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